4 Diciembre
- Día de la Nación Andaluza
Un anhelo surcaba
las mentes de los andaluces, ansias de autonomía y libertad eran constantes en
el pueblo andaluz en una época tan difícil y confusa como lo era la transición.
Andalucía necesitaba la Autonomía para volar en libertad. El 4 de diciembre era
el día elegido para que los andaluces saliésemos a la calle a expresar nuestros
sentimientos. 
Las expectativas se
desbordaron. Cerca de dos millones de andaluces se manifestaron el 4 de
diciembre "Día Nacional de Andalucía" para exigir la Autonomía. Quinientos mil
manifestantes en Sevilla, alrededor de ciento cincuenta mil en Málaga, cien mil
en Granada, ochenta mil en Huelva y en Córdoba, setenta mil en Cádiz,
setenta mil en Jaén, diez mil en Almería, Ronda, Campo de Gibraltar y en
Antequera y más de un cuarto de millón en Barcelona, emigrantes de la novena
provincia. En total, casi dos millones de andaluces, todos ellos con cientos de
miles de banderas verdes, blancas y verdes, llenaron con sus gritos y consignas
las calles del país andaluz demostrando que Andalucía ya ha despertado y
que han sido los hombres y las mujeres del pueblo quienes han contribuido a esta
toma de conciencia popular en pro de una autonomía auténtica, que no una
descentralización administrativa.
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En Cataluña
también salieron a la calle -convocados por las asociaciones andaluzas-
cerca de trescientos mil manifestantes que, desde la Plaza Cataluña,
llenaron las Ramblas y la Plaza de San Jaime. Los organizadores convocaron
como Día Nacional del País Andaluz. |

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Una tragedia ocurrió en
Málaga. Pocos días antes de la manifestación, el presidente de la Diputación
había declarado que la bandera andaluza no ondearía en el balcón de la
Institución a pesar de que el pleno lo había aprobado. Al pasar la
manifestación por delante de la Diputación, un joven escaló hasta el balcón para
poner una bandera andaluza en el mástil. Poco después, la policía cargó. Botes
de humo, balas de goma... y ¡disparos! Una bala atravesó la cazadora del joven
José Manuel García Caparrós. El lugar donde cayó, sen convirtió en un "altar"
improvisado por donde pasaron miles de malagueños, hasta que fue destrozado.
Durante varios días, el pueblo se echó a la calle en protesta por la represión
policial y, por supuesto, en señal de duelo.
Ese
día, el 4 de diciembre, es recordado y actualmente celebrado por los
andalucistas, quienes lo consideran como el auténtico Día Nacional de Andalucía,
ya que fue el día en el que los andaluces tomaron conciencia real de PUEBLO, día
en el que se pedía autonomía plena, para, con ella, salir del subdesarrollo, de
la dependencia, de la subalternidad.
En
estos días, los andalucistas serranos también recordamos, pero no nos quedamos
ahí. Queremos reavivar esa conciencia de pueblo andaluz y, conseguir, entre
todos, crear el proyecto político para Andalucía, que la sitúe donde se merece.
¡VIVA
ANDALUCÍA LIBRE!
Conferencia de Antonio Ortega
Conferencia de Antonio Ortega en la consejería
de Relaciones Institucionales1.- MARCO GENERAL
El 4 de diciembre de 1977, hoy hace 26 años, los andaluces recorrimos
una nueva etapa de nuestra vida como pueblo. Con la reivindicación de una
autonomía plena y de primera conquistamos el autogobierno para nuestra tierra.
Pero desde la aprobación en 1978 de la Constitución y en 1981 del Estatuto de
Autonomía, muchos han sido los avatares acaecidos a las sociedades española y
andaluza, que han asistido a vertiginosos cambios en la esfera política y
económica, provocadas por la rápida evolución experimentada desde finales de los
años setenta y por las transformaciones internacionales, como la integración del
Estado español en la Unión Europea.
En efecto, fenómenos como la
globalización han cambiado las funciones de la política; cambian y, a veces
superan, el papel de los Estados y cambian el concepto de soberanía; se
desdibujan las fronteras, se crean nuevas instituciones y, sobre todo, se
empieza a perfilar un orden en el que ya no caben las respuestas tradicionales.
Durante este periodo de tiempo, los andaluces han aportado grandes dosis
de civismo y de compromiso para andar el camino junto con los ciudadanos y
ciudadanas del Estado español. El consenso y el contrato social asumido por
todos y todas han sido los principales protagonistas de la convivencia pacífica
y democrática en el Estado.
Es un deber moral de los demócratas respetar
las opiniones, respetar a las instituciones legítimamente constituidas y
respetar las iniciativas que pretendan la mejora de las normas de convivencia
democrática. Hasta el propio PP reconoce que vivimos un contexto cambiante, que
debe ser aprovechado para extraer las consecuencias positivas que actualicen y
mejoren el marco de relaciones que nos hemos dado. Ello conlleva la inevitable
necesidad de reformar las leyes, entre ellas, la Constitución del Estado y el
Estatuto de Autonomía andaluz.
En el apartado constitucional, la Carta
Magna estatal necesita un cumplimiento y un desarrollo que no ha de tener miedo
a la evolución y si es necesario que termine en su reforma. La Constitución y
los Estatutos de Autonomía no son normas inmutables sino que, como tales reglas
jurídicas que son, precisan de una interpretación y actualizaciones continuas
que las modernicen y las hagan útiles para la sociedad. Una reforma que continúe
la línea emprendida en la etapa constituyente, que valore el consenso como norma
suprema, que permita cerrar el excesivamente ambiguo Estado de las Autonomías y
que termine con la resurrección interesada del inmovilismo constitucional.
La mala literatura es a la literatura lo que la inmutabilidad de las
leyes supone para la frescura y la utilidad social del Derecho. Siguiendo en
este tono lírico, la Constitución no necesita de caballeros andantes que la
defiendan de cara a la galería y a sus intereses partidistas, porque quizá el
resultado sea el quijotesco tropezón con unos gigantes que no existen.
Para esta reforma se precisa la obtención del consenso que dio lugar a
la Constitución, por lo que es indispensable el mantenimiento de una actitud
flexible y amplia, que acoja todos los planteamientos posibles realizados desde
planteamientos democráticos e institucionales, excluyendo cualquier pretensión
de chantaje, manipulación o manifestación violenta.
Por tanto, es
preciso adherirse al concepto constitucional y estatutario y no necesariamente
al texto literal de los mismos que es, como ya se ha dicho, cambiante y
necesariamente actualizable. Es más, estas normas básicas conllevan en su
conceptualización política la máxima de su mejora y su puesta al servicio de la
sociedad en sus sucesivas etapas históricas
Cualquier consideración
respecto a los valores constitucionales y a su vigencia debe estar precedido por
un debate amplio, sereno, en el que participe toda la sociedad. Un diálogo entre
todos que esté exento de lacras como la exclusión, la imposición, la prepotencia
y el pensamiento único y uniforme que eliminen cualquier posibilidad de acuerdo.
Un acuerdo que, hoy, es casi absoluto, incluso entre dirigentes de la propia
derecha española, en relación a la necesidad de reformar la Constitución. Las
líneas de actuación son claras: la introducción de mecanismos de participación,
como la codeterminación, en la política española y europea, la puesta en valor
de instituciones infrautilizadas como el Senado, el relanzamiento de la
administración local, una nueva y más eficaz vertebración territorial que
elimine los centralismos, etc. Igualmente, es necesario dar respuestas actuales
a viejos anacronismos y responder a los grandes retos con instrumentos
flexibles. Basta con mirar el ejemplo de Estados descentralizados que funcionan
con un alto grado de eficacia como Alemania. De todas forma quiero decir que,
para conseguir esta ansiada reforma, es necesaria una situación de menos tensión
que la que estamos viviendo. No tenemos prisa, pero es necesario insistir en que
este proceso es irreversible y que cuanto antes lo acometamos mayores serán los
beneficios.
2.- ¿PORQUÉ ES NECESARIO UN NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA
ANDALUCÍA?
Por ello, y por constituir el tema central de estas jornadas,
quiero centrarme ya en el plano estatutario, para plantear un tema capital:
Andalucía necesita un nuevo impulso político. Las grandes movilizaciones cívicas
del pueblo andaluz recondujeron el proceso autonómico hacia la profundización en
el autogobierno y en la igualdad frente a la vía centralista o a la vía de los
privilegios de las comunidades con más poder político y por eso más ricas. Hoy
la situación se parece demasiado a aquella como para no resultar evidente que
Andalucía de nuevo tiene que, hacer oír su voz en España. De lo contrario, esta
espiral de agravios que se retroalimenta amenaza con provocar graves
consecuencias para el desarrollo político y económico de España y de Andalucía.
Los nacionalistas vascos y catalanes y asimilados forzosos tienen hoy la
iniciativa. El gobierno del partido popular, con su neocentralismo, lejos de
centrar el proceso alimenta los extremismos. Hace falta una nueva fecha
simbólica en el calendario emocional andaluz para cambiar este rumbo de
polarización entre centralistas y asimétricos.
Los andalucistas creemos
que la sociedad andaluza actual difiere mucho de la sociedad de inicios de los
años ochenta cuando se redacta el actual Estatuto. La Ley principal andaluza
está basada en una realidad social, económica y política que no son las mismas
de hoy. La sociedad ha recorrido ya un camino muy distinto al del Estatuto de
Autonomía.
Los andalucistas, que fuimos los que más luchamos por
conseguir un estatuto moderno que diera respuesta a la concepción de Andalucía
como nacionalidad, demandamos un Nuevo Estatuto que supere el estancamiento del
autogobierno. No son suficientes unas reformas puntuales sino un nuevo documento
adaptado a la realidad del presente.
La sociedad de las nuevas
tecnologías, los nuevos conceptos sociales y laborales, la importancia de poder
decidir en el seno de la Unión Europea, la calidad de vida que se obtiene con un
autogobierno pleno con todas las competencias, ... son razones muy importantes
para ponernos a trabajar y redactar, por consenso, un Nuevo Estatuto para
Andalucía.
Desgraciadamente el proceso autonómico no está concluido
entre otras cosas porque no es posible que la autonomía la hagan los
centralistas y su imperfección provoca ciertas dosis de desestabilización
permanente. La necesidad de adaptarse al proceso constituyente europeo puede ser
una gran oportunidad para que Andalucía lidere una tercera vía entre los que
defienden el Estado asimétrico y los centralistas.
Reestructuración del
poder en Europa que para Andalucía comienza por la necesidad de adecuar su
Estatuto, mediante el consenso, para dar un nuevo impulso a nuestra autonomía.
Estamos en un contexto difícil: el ciudadano percibe que Andalucía funciona
razonablemente bien y recela de experimentos innecesarios, los partidos de
ámbito estatal tienen una inercia al centralismo, sobre todo cuando gobiernan en
Madrid, y las propuestas que proceden del Gobierno vasco provoca un miedo
generalizado a la desestabilización. Pero es precisamente en esta coyuntura
cuando Andalucía debe, de nuevo, como ya hiciera hace mas de veinte años,
liderar el proceso de distribución territorial del poder hacia la
racionalización y la equidad. Andalucía necesita crecer y debe decidir su propio
destino desde la madurez de su responsabilidad y decisiones propias y no
depender de las decisiones de los demás. En la mundialización sobrevivirán los
dueños de su propio destino y para eso necesitamos dotarnos de herramientas
políticas que ayuden a transformar y mantener una nueva cultura política.
El Partido Socialista hace casi dos años que propuso la reforma del
Estatuto, habiendo tenido en su mano su pleno desarrollo pero aún no ha dicho en
que consiste la reforma. Es algo inconcebible. Lo importante no es la reforma
sino el contenido de la misma y todavía desconocemos su propuesta. Quizá, porque
otras experiencias ajenas determinan su propia opción. Pero, para nosotros una
reforma del Estatuto implica necesariamente un avance en el autogobierno, una
ampliación de nuestra autonomía. Mucho me temo que la propuesta socialista no
haya visto la luz porque no tenga ni el rumbo ni la autonomía suficiente para
afrontar una reforma estatutaria y que puedan, por lo tanto, significar un
cambio real que conduzca a un modelo de país para el siglo XXI.
Andalucía necesita un Nuevo Estatuto para dotar a la administración
andaluza de mayor eficacia en la gestión pública y aumentar los servicios
públicos que ofrecen bienestar de la sociedad. Los andalucistas entendemos el
Nuevo Estatuto como la oportunidad histórica para profundizar en la identidad y
en el hecho diferencial andaluz y como un instrumento generador de riqueza para
Andalucía.
Pero esta reforma tiene que ser fruto del consenso y sobre
todo debe ser una demanda ciudadana desde un debate responsable y no partidario
o electoral. En este sentido, creemos que el debate ha de abrirse a las
asociaciones, en él tienen que participar los Ayuntamientos y todas las
entidades sociales deben aportar su sugerencia, su opinión, imprescindibles para
que los andaluces se identifiquen plenamente con su nueva norma suprema.
Por lo tanto, se requiere por parte de los andaluces y las andaluzas una
participación ciudadana que suponga a su vez un rearme de la sociedad civil
andaluza necesario para impulsar una nueva etapa en nuestra vida como pueblo,
que vuelva a recuperar la ilusión por la autonomía y por el autogobierno, para
hacer de Andalucía la tierra próspera que siempre hemos anhelado.
3.-
DEFICIENCIAS DEL ACTUAL ESTATUTO
La norma básica de los andaluces ha
servido para darnos un marco de convivencia adecuado para el inicio de nuestro
autogobierno. Sin embargo, el paso del tiempo ha demostrado una serie de lagunas
que merma la eficacia del Estatuto. Durante la etapa de su redacción no se tuvo
la valentía política de hacer una apuesta fuerte, previsora y de futuro, que han
acarreado deficiencias como el no apostar con firmeza por técnicas
participativas y de colaboración institucionales eficaces tanto con el Estado,
la Unión Europea y el resto de nacionalidades y regiones Fuimos los
andalucistas los que advertimos durante el trámite y aprobación del Estatuto,
que se había “olvidado” introducir en él reconocimientos necesarios, como la
Identidad Nacional de Andalucía, el papel del Andalucismo Histórico, o la figura
y la obra de Blas Infante.
Tampoco se consideró importante la inclusión
de características de vital importancia para un Estatuto de Autonomía, como por
ejemplo, no apostar por una vertebración territorial eficaz o no reconocer
competencias importantes para el Presidente del Gobierno Andaluz (como la
facultad de disolver la Cámara, que ha tenido que ser aprobada posteriormente),
lo cual confiere al Estatuto un carácter reproductor de esquemas centralistas.
Resulta incomprensible, por ejemplo, la extrema dificultad en la reforma
del Estatuto en comparación con los de otros territorios. Así, mientras en
Cataluña o en Euskadi se exige una mayoría de una quinta parte de los Diputados
de sus respectivas Cámaras para la propuesta de reforma y mayorías de un dos
tercios (catalán) y absoluta (vasco) para su aprobación, el Estatuto andaluz
exigiendo mayoría de tres quintos para su aprobación. Todo ello hace realmente
difícil cualquier tipo de mejora, aunque fuera meramente técnica, de nuestra
norma suprema.
No sólo pueden constatarse aspectos de vital importancia
que no están recogidos en el Estatuto. También es perfectamente apreciable que
la evolución social e histórica de nuestra tierra y el vértigo de los
acontecimientos en la esfera internacional han superado los contenidos y las
previsiones de un Estatuto que es deudor de un tiempo de cautelas y de unas
estructuras socioeconómicas ya obsoletas. En efecto, el Estatuto está plagado de
contradicciones, preceptos obsoletos e incumplimientos:
El artículos 4.4
anuncia la gestión periférica de la Junta de Andalucía a través de las
Diputaciones Provinciales, precepto manifiestamente incumplido desde el primer
momento. El 12.11 obliga a la nunca llevada a cabo reforma agraria. El 17.9
menciona a los agentes de cambio y bolsa, un cuerpo profesional ya desaparecido.
El 19.2 resulta manifiestamente incumplido cuando establece que la Comunidad
Autónoma velará “porque los contenidos de las enseñanzas e investigación en
Andalucía guarden una esencial conexión con las realidades, tradiciones,
problemas y necesidades del pueblo andaluz. El 26 no recoge la posibilidad para
la disolución del Parlamento. El 44 mantiene las funciones del Consejo de
Estado que ahora realiza el Consejo Consultivo de Andalucía). Del mismo modo, el
artículo 70 no recoge la Cámara de Cuentas de Andalucía, como tampoco el 71
menciona el Consejo Económico y Social, todo lo cual nos ofrece una visión del
Estatuto desprovista de cierta legitimación y de nula actualización, al no
incluir órganos que tienen una función primordial.
De ahí que sea
necesaria la renovación del pacto estatuyente, que la sociedad andaluza no sea
prisionera de un momento histórico determinado. Porque el coste de la no reforma
es mayor que el de la reforma y porque la reforma del Estatuto puede impulsar la
necesaria reforma de la Constitución.
4.- PROPUESTAS ANDALUCISTAS PARA
UN NUEVO ESTATUTO
Los andalucistas tenemos redactado un Nuevo Estatuto
en su totalidad que incluye las propuestas necesarias para el impulso de
Andalucía como proyecto colectivo, como ilusión de todos y todas, como Nación
social, cultural y económica.
Para nosotros es básico asumir nuevas
competencias en ordenación territorial, Justicia, Aguas, Comunicaciones,
Fiscalidad y Régimen local, así como introducir todas las mejoras necesarias
para hacer congruente las relaciones entre los cuatro grandes niveles
territoriales, Europa, España, las nacionalidades y regiones, las Entidades
Locales. Elementos tan importantes como la participación en las instituciones
europeas, en el ámbito de nuestras competencias exclusivas, la reforma del
Senado, es decir, la codecisión en las políticas de Estado, la conferencia de
Presidentes de Comunidades Autónomas o la comarcalización son piezas de un mismo
universo de racionalización y cooperación entre los distintos niveles
territoriales del poder político. Asimismo hay que incorporar las nuevas
realidades derivadas de la sociedad del conocimiento, la profundización en la
igualdad de género o la inmigración e introducir las mejoras técnicas
necesarias. Debo decir que los andalucistas no hemos luchado ni luchamos por una
reproducción en Andalucía del modelo centralista de España. Estamos en esto para
otra cosa: nuestro modelo es descentralizado, equilibrador y vertebrador.
Repudiamos una Andalucía quebrada con dos o más velocidades en su desarrollo.
Una especial atención necesita el mundo rural siempre azotado por crisis
económicas, el cual requiere de instrumentos de vertebración y de articulación
territorial que permitan su desarrollo integral y, a la vez, impidan que sea el
oscuro objeto del clientelismo y el desánimo cívico.
Al mismo tiempo,
resulta del mayor interés proponer un debate sobre cual será el papel de
Andalucía en la nueva Constitución Europea. Queremos una Europa de los pueblos.
No queremos que un nuevo centralismo entre por la puerta de atrás. Somos
profundamente europeístas. Sabemos que Europa es la primera respuesta política
en la era de la globalización. Europa es el nivel inmediato de globalización
para Andalucía. Europa es el futuro. Pero Europa no puede ser una fortaleza,
sino que necesita abrirse y democratizarse potenciando la proximidad del
ciudadano, la participación y trasparencia y la multiculturalidad.
He
hablado de la relación de Andalucía con España, Europa y el mundo, en su
conjunto, pero también es fundamental la proyección de esta idea en el interior
de Andalucía.
Para explicar estas medidas de cambio, hemos estructurado
cuatro grandes apartados:
El primer gran apartado que constituye el
compromiso de un Nuevo Estatuto de Autonomía para elevar y mejorar los derechos
y la calidad de vida de los ciudadanos ante la gran evolución social vivida en
estos últimos veinte años.
Para ello los Andalucistas planteamos la
ampliación de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma, así como la
aprobación de una Carta de Derechos y Deberes de los Andaluces que complete los
derechos y las libertades fundamentales garantizados por la Constitución
Española.
Esta carta andaluza remediará ausencias intolerables del
actual Estatuto, como por ejemplo la no inclusión entre los objetivos básicos
del Gobierno andaluz (artículo 12) el esfuerzo para que todo andaluz y toda
andaluza tengan derecho a una vivienda digna, o a un sistema sanitario público y
gratuito. Al mismo tiempo, se sentarán las bases para asegurar nuevos derechos y
situaciones, como el acceso a las nuevas tecnologías, la defensa ante la
violencia doméstica, el establecimiento de voluntades anticipadas en relación
con la salud propia o la libre orientación sexual.
Es básica, igualmente
consagrar en la norma suprema estatutaria la protección y ayuda a las diferentes
formas de Familia o la pluralidad en la información. Resulta especialmente
relevante el tratamiento justo y objetivo de la información de la cultura del
día a día trasmitida a través de los medios públicos. Para nosotros es un
requisito esencial la dignificación de las Televisiones Públicas. La Televisión
pública es un instrumento de primer orden para la construcción de Andalucía,
pero cuando en las parrillas se instalan la manipulación y el mal gusto estamos
ante un atentado contra la democracia y la identidad de los andaluces y en este
caso también contra la cultura andaluza. En la próxima legislatura cambiaremos
radicalmente esta situación aberrante tanto desde la estética como desde la
ética.
El segundo bloque sobre el que consolidamos el Nuevo Estatuto
consiste en un cambio integral para acercar la administración andaluza al
ciudadano y conseguir la mejora de la gestión pública de las instituciones
andaluzas:
Para una sociedad con conciencia crítica y capacidad
transformadora, es esencial la confianza en el sistema democrático y el
acercamiento a la política como herramienta capaz de proporcionar un sistema de
bienestar social, coherencia moral y habilidad en la gestión. Con estos
principios como base de su actuación, el Gobierno Andaluz debe encontrar en el
Estatuto los instrumentos necesarios para alcanzar una vertebración territorial
propia con la creación de las comarcas. En cuanto a la articulación territorial,
el Estatuto andaluz vuelve a mantener el esquema constitucional, sin
alteraciones relevantes, lo cual supone una demostración palpable de que intenta
reproducir una actitud centralizadora.
Es necesario una nueva
distribución territorial del poder en el interior de Andalucía mediante la
modificación de la vieja planta de las Provincias, pensada para un país que se
trasladaba en carretas y diligencias, a la nueva planta de la estructura
comarcal de mayor proximidad y mejor interpretación del principio de
subsidariedad.. Desde la Consejería de Turismo y Deporte hemos propuesto un mapa
comarcal que estamos ejecutando con las políticas deportivas y turísticas.
Pero existe otra dimensión, para nosotros vital, en el proyecto de
reestructuración del poder territorial. El poder de las ciudades. Queremos un
nuevo papel para las ciudades para lo que es necesaria la reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local.
Además es necesario una profunda revisión de las
relaciones competenciales entre la Junta y los Ayuntamientos: mayor financiación
local y mayor nivel competencial sobre la base de que la Administración Local
debe ser una competencia exclusiva de Andalucía y no una competencia compartida.
Hemos propuesto que los Ayuntamientos participen en los tributos autonómicos
mediante la creación de un fondo incondicionado. Con ello avanzaremos en la
conciencia andaluza, en la marginación de los localismos que utilizan las
fuerzas centralistas como arietes contra la fuerza de Andalucía que, como en
cualquier grupo humano, reside en su unidad, porque con estas dinámicas la
equilibraremos y cohesionaremos.
En resumen, un régimen territorial
absolutamente deudor del establecido en la Constitución, que limita las
competencias del Gobierno autónomo, que lo supedita ante la legislación emanada
del Estado y que le impide establecer un modelo de organización interior propio.
También es necesario articular un nuevo sistema en referencia al sistema
electoral andaluz, Nueva Ley Electoral más cercana, equitativa y eficaz que
incorpore propuestas innovadoras como listas electorales abiertas, limitación de
mandatos, prohibición efectiva del transfuguismo, garantizar la participación de
los emigrantes andaluces en los procesos electorales propios o establecer
mecanismos para la consideración de Andalucía como circunscripción única para
las elecciones al Parlamento Europeo y al Senado
Al mismo tiempo, es
insuficiente la consideración que el actual Estatuto realiza acerca de la
Policía Autónoma. Los andalucistas hemos sido los más reivindicativos respecto a
la creación de un cuerpo propio que ayude a remediar el clima de inseguridad que
reina en determinadas localidades. El Estatuto debe apostar claramente por la
creación de un espacio de seguridad que permita el desarrollo de una Policía
Autónoma integral en Andalucía.
En el apartado de migraciones, resulta
igualmente sorprendente que la emigración andaluza tenga un tratamiento tan
paradójico, además de ser evidente la necesidad de incluir una regulación social
y justa para la inmigración. A pesar de que todavía hoy muchos andaluces tienen
que salir fuera de nuestra Tierra para buscar un sustento que no encuentran en
ella, Andalucía ha pasado a ser una tierra de acogida. Son muchos los
inmigrantes que llegan empujados por la penuria y la necesidad y tenemos la
obligación moral, humanitaria y ética de integrarlos y otorgarles derechos y
deberes, como a cualquier otro andaluz.
Más sangrante aún resulta la
discriminación que el Estatuto actual realiza respecto a los emigrantes
andaluces en el exterior. Los emigrantes han sido abandonados por nuestro
Estatuto. A pesar de que el artículo 8.3 reconoce a las comunidades andaluzas
asentadas en el exterior el derecho a colaborar social y culturalmente con su
tierra de origen, el reconocimiento como tales “en ningún caso implicará la
concesión de derechos políticos”
Este apartado implica una tremenda
paradoja si lo comparamos con su precedente, el 8.2. Aquí sí se reconoce como
andaluces, con todos sus derechos (incluido el voto) a aquellos “ciudadanos
españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad
administrativa en Andalucía”, incluidos sus descendientes. Tal discriminación
impide a los más de 2 millones de andaluces en el exilio interior mantener sus
más importantes vínculos con su Nación.
El tercer apartado en la
propuesta de un Nuevo Estatuto para Andalucía consiste en una apuesta valiente
para profundizar en la identidad y en el hecho diferencial andaluz dentro del
concepto de nacionalidad que recoge la Constitución:
Andalucía no puede
permitirse el lujo de abandonar a su suerte sus símbolos y señas de identidad
como Pueblo y la aspiración a ser considerada como nacionalidad. En primer lugar
porque la distinción constitucional entre nacionalidades y regiones ha provocado
en la práctica una discriminación en favor de las primeras en numerosas
materias; además, si hay un territorio en el Estado que puede alzar la voz para
reivindicar unas señas de identidad propias, ese es el nuestro. Por ello, y como
lugar que acoja los elementos más significativos de nuestro hecho diferencial,
el Estatuto está obligado a incluir y a defender con mayor contundencia el hecho
de que Andalucía es una Nacionalidad Histórica, la defensa del habla andaluza y
de la inclusión de temática andaluza en curriculums, libros de texto y sistema
educativo en general y la cultura como hecho diferencial de Andalucía.
Resulta intolerable que el Estatuto no reconozca la identidad y dignidad
del Pueblo Andaluz. En efecto, para el actual Estatuto, la Historia de Andalucía
comienza con su aprobación. No hay referencias a la lucha de los andalucistas
históricos, a la actividad de entidades como las Juntas Liberalistas, ni a
acontecimientos de gran importancia como la Constitución Cantonal de Antequera,
la Junta de Andujar o la Asamblea de Córdoba de 1933. Tan sólo se hace una
referencia puntual a la Asamblea de Ronda de 1918 al hablar de la bandera y del
escudo andaluces en el artículo 6, a todas luces insuficiente
La
redacción original del Estatuto no mencionaba en absoluto a Blas Infante. Tuvo
que ser una Proposición No de Ley presentada por el Grupo Andalucista la que
obligó a incluir un preámbulo reconociendo su figura y su labor en pro de la
autonomía. En este texto, aprobado en 1983, se considera a Infante como Padre de
la Patria Andaluza. Sin embargo, este texto no forma parte del Estatuto
propiamente dicho, y sólo estará incluido en las ediciones oficiales del mismo.
El cuarto y último apartado sobre el que los andalucistas sustentamos
nuestra propuesta de Nuevo Estatuto es quizas una de las más importantes, ya que
considera al Nuevo Estatuto como un instrumento generador de riqueza y bienestar
para Andalucía:
El nuevo Estatuto debe contar con un respaldo
generalizado, fruto del consenso de toda la sociedad andaluza en su defensa y
asimilación como norma superior de nuestro ordenamiento. Y esta aprehensión del
Estatuto como propio por todo el Pueblo Andaluz será más sincero, permanente y
real cuanto mayor utilidad aprecie en él. Por ello, los andaluces y andaluzas
deben percibir a su Estatuto como un utensilio que, no sólo permite un marco de
convivencia pacífica y democrática y la profundización en nuestras señas de
identidad, sino que también, y sobre todo, posibilita un crecimiento de
Andalucía como entidad social, cultural y económica necesario para colocarla en
el lugar que merece dentro del Estado.
Un instrumento que debe permitir
avances como la creación de la Agencia Tributaria Andaluza, que tenga
encomendada una mejor y más eficaz gestión fiscal e impositiva con efectos
positivos en nuestra tierra.
Al mismo tiempo, y como demanda prioritaria
en materia económica, hemos de conseguir que el Estatuto consagre la gestión
propia de la totalidad de los fondos económicos de la Unión Europea que deben
llegar a Andalucía, para evitar que con dinero andaluz se pueda construir, por
ejemplo, nuevas líneas de metro en Madrid, al menos no antes de que las ciudades
andaluzas más significativas puedan contar con infraestructuras semejantes.
Finalmente, y al margen de competencias importantes como la gestión como
administración ordinaria de los planes estatales de fomento de la actividad
económica, el Nuevo Estatuto de Autonomía debe garantizar la creación de una
Caja única en Andalucía, como equivalente de un gran banco público andaluz que
garantice una mejor reinversión de grandes recursos financieros en el desarrollo
social, cultural y económico de Andalucía.
CONCLUSION
La próxima
Legislatura será Constituyente, la actual dinámica política, nos conducirá
inexorablemente a cambios relevantes y decisivos en la configuración de los
poderes del Estado.
La Constitución se modificará, todos están
interesados, la Corona, la derecha, la izquierda, Cataluña, Galicia, y el País
Vasco. Los Estatutos se modificaran y se aprobará la Constitución Europea,
en este proceso todos estarán presentes, y Andalucía ausente, nos jugamos mucho,
nos jugamos demasiado, nos jugamos el futuro. Depende de nosotros que Andalucía
al igual que en el año 1.979, intuyó la necesidad de tener una voz propia, en el
Parlamento de España, que determinó el actual modelo de Estado, no previsto en
1.978 por los Constituyentes, pueda ahora decidir políticamente estar presente
con identidad propia, en este nuevo proceso Constituyente. De todos nosotros
depende.
MANIFIESTO INSTITUCIONAL DE LOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES
ANTE EL 4 DE DICIEMBRE.
El 4 de Diciembre de 1977, millón y medio
de andaluces salieron a la calle para pedir una autonomía en pie de igualdad con
el resto de los pueblos de España. Fue una movilización que inició el proceso
autonómico del pueblo andaluz para recuperar su identidad y romper con la
aceptación resignada de una historia de
dependencia. En este impulso, singular en todo y único
en su génesis, tuvieron especial protagonismo los Ayuntamientos democráticos,
que supieron recoger y encauzar las aspiraciones de todo un pueblo, cuando la
inmensa mayoría de las Corporaciones Locales aprobaron en Pleno la vía hacia la
Autonomía por el articulo 151 de la Constitución, mandato que refrendó el pueblo
andaluz el 28 de febrero de 1980, y que hizo posible que nuestra Comunidad
dispusiera de una institución de autogobierno, la Junta de Andalucía, dotada,
sobre el papel, de suficiente capacidad política para cumplir los dos objetivos
básicos que justifican la autonomía en la conciencia de los andaluces: la
defensa de nuestra identidad nacional y la lucha contra el subdesarrollo
económico. Sin embargo, en estas dos últimas
décadas, hemos podido ver que las posibilidades de autonomía efectiva que la
Constitución y el Estatuto ofrecía, se han visto recortadas de forma permanente,
debido a la interpretación restrictiva de los sucesivos gobiernos centrales que,
a través de mecanismos jurídicos o jurisdiccionales, han limitado políticamente
la capacidad de autogobierno de Andalucía, cuando no han invadido competencias
exclusivas de la Junta de Andalucía. Y es que, a pesar de las proclamas del
Estatuto de Autonomía, la realidad profunda del Estado es la pervivencia del
centralismo político. Madrid sigue siendo referente de cualquier actuación
política y sigue manteniendo red de mecanismos de influencia que le permite el
control efectivo de todos los ámbitos de la vida pública, negando internamente y
en su proyección externa la letra y el espíritu del nuevo modelo descentralizado
del Estado común. La óptica centralista ha venido
considerando a los pueblos y ciudades como estructuras residuales que debían
ocuparse sólo de lo que las instituciones supramunicipales fueran incapaces de
gestionar, y la propia Constitución española de 1978, en el reparto de
competencias Estatales y Autonómicas, margina a los
municipios. La persistencia de unas instituciones
obsoletas, las Diputaciones, que no responden a nuestra realidad territorial, y
la falta de voluntad política para impulsar el desarrollo comarcal que demanda
la sociedad andaluza, provocan una importante disfuncionalidad que es necesario
superar, avanzando hacia la creación de instituciones
comarcales. Pero han sido los Ayuntamientos, los que
en estos últimos 20 años, con su cercanía a los problemas de los ciudadanos y el
mayor dinamismo de sus actuaciones, han marcado su propio desarrollo y han
impuesto una nueva realidad que invierte el planteamiento político centralista,
aportando nuevas metas de competencias que están necesitando de un Estado que dé
carta de naturaleza a esta situación y evite el estado de asfixia en que se
encuentra la Administración Local por la falta de un marco legal para su
desarrollo. En línea con esta situación, los
Ayuntamientos andaluces reivindicamos:
Impulsar la culminación del proceso de
traspasos de las competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía andaluza
y transferencias necesarias, posibles jurídicamente en el marco constitucional,
que tras cerca de veinte años continúa retenidas por el Gobierno
estatal.
Ejercer en su plenitud el marco
competencial contemplado en el Estatuto, profundizando en el autogobierno de
Andalucía, imprescindible para dar una respuesta eficaz a las demandas del
pueblo andaluz.
Reconocimiento del papel protagonista de
los municipios y comarcas en la articulación de la sociedad andaluza, demandando
al gobierno andaluz que legisle un nuevo marco de relaciones municipales a
través de una Ley Andaluza de Comarcas que supere el marco artificial de la
división provincial, que no responde a la realidad
territorial.
Potenciar la delegación de competencias y
recursos económicos de las Diputaciones en las Mancomunidades de municipios, que
responden más eficazmente a las demandas de una mejor articulación
territorial.
Propiciar, en aplicación del principio de
subsidiaridad, una mayor descentralización desde el Gobierno andaluz hacia los
municipios, superando mecanismos de control y tutelaje, herencias del Estado
Centralista, y acercando el poder de decisión a los
ciudadanos.
La Consejería de Relaciones Institucionales edita un
disco con diez versiones del Himno de Andalucía
La Consejería de Relaciones
Institucionales, que dirige el andalucista Antonio Ortega, editará en febrero
próximo 5000 discos compactos, en una primera tirada, en los que se incluirán
diez versiones distintas del Himno de Andalucía con motivo del XX aniversario
del Estatuto.
Hasta el momento, según el viceconsejero de Relaciones
Institucionales, Juan Carlos Soriano, ya han sido cerradas las grabaciones de
cuatro versiones con las orquestas más importantes de Andalucía, entre las que
se encuentran las interpretadas por la Orquesta Ciudad de Granada, la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla con el coro del Teatro de la Maestranza, la
Orquesta de Córdoba con la voz de Carmen Linares, y la Orquesta Sinfónica de
Málaga.
Una de las versiones que se incluyen en este disco es la
realizada el pasado 1 de diciembre en el acto de homenaje al Himno de Andalucía
que se celebró en el Parador de Carmona, y en el que el himno fue interpretado
por la Banda de la Cruz Roja junto a las voces de El Lebrijano y Carmen Linares
y la del resto de los asistentes.
Andalucía, 10 de diciembre de
2001
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